¡Hay que ponerse!

¡Hay que ponerse!

Éste es el grito de guerra que Cristina Romero dio una tarde en su casa tras conocer que, en el comedor del colegio de su hijo, todo lo que no se servía en los platos iba directo a la basura.

Cristina Romero con sus croquetas ilegales. Foto: Jordi Ribot en El Periódico

Y dicho y hecho (no sin mucho esfuerzo en el trecho). Cristina comenzó a plantear en el comedor qué se podía hacer con esa comida que sobraba cada día. Cada día 60 gramos por alumno, hasta sumar la friolera de 20 millones de kilos cada año en España. ¡Una barbaridad! Así que lo primero fue conseguir que no se tirase la comida en el colegio de su hijo, ahorrando varios miles de raciones que fueron a parar a quien más lo necesitaba. Simplemente reservando, congelando y distribuyendo.

Pero Cristina no se quedó ahí. No se quedó en resolver las consecuencias puntuales de esta legislación. Sabía que había que ponerse… también con las causas.

En el colegio pudo comprobar que la legislación iba contra lo que dicta el sentido común: la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe que se reaprovechen estos excedentes, ni siquiera los que no han salido ni del frigorífico.

Así, puso su lucha en el altavoz de Change.org, consiguiendo 225.000 firmas que la respaldasen en su visita al Congreso de los Diputados, para cambiar una ley absurda e inmoral. No sólo les llevó a los  políticos un legajo de papeles, sino 100 croquetas ilegales, para que pudieran degustarlas sus señorías. Y ¿Por qué ilegales? Porque estaban hechas con sobras como las del comedor escolar de sus hijos; es decir, cocinadas ilegalmente (pero tan ricas, sanas y seguras como ilegales).

En el Congreso dieron buena cuenta de las croquetas, pero no se dieron por aludidos en el cambio de la normativa que las hacía ilegales. Allí debe dormir todavía la iniciativa, aunque se hace más necesaria que nunca, junto con una Ley contra el despilfarro de alimentos, que promueva la eliminación de estas barreras legales y facilite el aprovechamiento de todos nuestros recursos alimentarios.

Más suerte ha tenido su lucha en el Parlamento de Cataluña, que el 11 de marzo de 2020 aprobó la Ley contra el despilfarro de los alimentos, de la que ya hemos hablado en esta web y que recoge dos de sus importantes reivindicaciones. La primera, incorporar en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentarios y la segunda, recoger y analizar los datos de las pérdidas y el desperdicio alimentarios y elaborar un Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.

Cristina Romero no tenía nada distinto al resto de madres del colegio de sus hijos, tampoco una posición privilegiada social o políticamente hablando. Pero sí tenía tiene una gran convicción y una gran concienciación, y con ello la fuerza para llegar donde hiciera falta. Es la demostración de que cada uno de nosotros podemos hacer mucho cuando las causas, como ésta, son justas.

En este caso se puede aplicar claramente la frase atribuída a Einstein “Los que dicen que no se puede hacer nada, que dejen hacer a los que ya lo están haciendo”.

Eso sí, sólo hace falta una cosa…. ¡hay que ponerse!

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