Francia avanza en su la legislación anti-despilfarro

Francia avanza en su la legislación anti-despilfarro

Los consumidores franceses contarán en 2021 con la ayuda de un distintivo que les ayudará a conocer qué productos y empresas están siendo corresponsables en la lucha contra el desperdicio de alimentos.

Interesante iniciativa que creará un círculo virtuoso entre proveedores y clientes, con el fin de conseguir reducir un 50% el despilfarro de comida en 2025, siempre que sea riguroso en el cumplimiento y control de las medidas y no se convierta, como sucede a menudo, en un “lavado de cara” de las empresas del sector de la industria, la distribución o la restauración.

El Gobierno galo ha dado un paso más en su cruzada contra el despilfarro al lanzar una etiqueta que identificará los productos de empresas que luchan contra él apoyando la economía circular. El día de Nochebuena aprobó un decreto que da pie a definir las condiciones para poder llevar ese distintivo.

Francia emprendió hace ya varios años una cruzada contra el desperdicio alimentario. Partiendo de la información recopilada en el conocido como Informe Garot, elaborado por el diputado socialista Guillaume Garot, fue articulando diferentes normativas al respecto que ya desde el 2016 con la ley que llevó el nombre del diputado obligaban, por ejemplo, a que todos los supermercados de más de 400 metros cuadrados donaran lo que no lograban comercializar a oenegés o bancos de alimentos autorizados. Pero todavía quiere ir más allá marcándose, dentro de la ley 2020-105 del 10 de febrero referente a la lucha contra el desperdicio y la economía circular (AGEC), el objetivo de rebajar en sectores como la distribución o los comedores en un 50 % el despilfarro de comida en el horizonte del 2025 con respecto al nivel del 2015. Y parece que lo mismo deberá de hacer en el 2030 la restauración.

La última batalla para poder cumplirlo la libró el 24 de diciembre con la aprobación de un decreto para regular las condiciones que deberán cumplir aquellas empresas que quieran usar la etiqueta «antidesperdicio de alimentos», implementada en la ley contra el desperdicio y la economía circular. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Alimentación galo explicaron que ahora comenzarán a desarrollarse las condiciones para beneficiarse de esta etiqueta, un trabajo al que se dedicarán «los próximos seis meses». La idea, añaden, es que sean los distintos actores del sector de la distribución los primeros en beneficiarse de ella. «La idea es tener una visión general de los procedimientos existentes, con el fin de constituir los criterios para la obtención de esta etiqueta antiresiduos. Los actores de la distribución podrán comenzar a ser etiquetados como «anti-desperdicio» dentro de un año».

El objetivo, explican desde el Ministerio francés de Agricultura, es que este modelo ayude a «orientar las elecciones de los consumidores y cree una dinámica virtuosa para las empresas interesadas».

Conciencia social

Porque frenar el despilfarro es un asunto de concienciación social en el que Francia ha tomado la delantera en la UE. La comida no es basura. Esa es la lección que el Gobierno francés se ha empeñado en recordar a la ciudadanía después de que en el 2014 el abogado francés Arash Derambarsh, por aquel entonces concejal en un municipio del noroeste de París, sacara los colores a la distribución y al propio Ejecutivo al emprender una campaña para mostrar como muchos de los alimentos que tiraban los supermercados todavía tenían suficiente vida útil como para llenar las neveras de los que no tenían con qué hacerlo. Lo que hizo fue repartir entre las familias desfavorecidas lo que la distribución no mantenía en los lineales, pero que todavía estaba en perfecto estado para consumir. Aquel fue el punto de partida de toda la norma que fue llegando después, un cúmulo de medidas legislativas que incluso recogen multas para las empresas que tiren productos que son susceptibles de aprovechamiento.

¿Qué pasa en España?

Aunque en España las abuelas fueron maestras en la lucha contra el desperdicio alimentario —basta con recordar la receta de la ropa vieja o las croquetas—, la lección parece haberse olvidado como muestran los datos de desperdicio de alimentos que maneja el Ministerio de Agricultura. El pasado septiembre el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, desgranó algunos correspondientes al 2019. Durante ese ejercicio, los hogares españoles arrojaron a la basura 1.352.000.000 kilos de alimentos o bebidas, un 4,7 % de todo lo que compraron. De ellos 1.146 millones de kilos corresponden a productos que no estaban elaborados. Los datos mejoraron, en cambio, durante las semanas que duró el confinamiento, cuando el desperdicio en los hogares bajó un 14 % con respecto al mismo período del año anterior.

Pero el problema del desperdicio no solo afecta a los hogares. Las empresas de la industria alimentaria también parecen estar tomando conciencia del asunto en España. Lo hacen poco a poco. Según los datos facilitados ese día por el director general, solo el 71 % disponen de una estrategia interna definida para luchar contra él.

A nivel legislativo tampoco ha calado el ejemplo francés, al menos al nivel que lo ha hecho en otros estados como en Italia, donde también aprobaron un proyecto de ley al respecto.

En España lo que han puesto en marcha es una estrategia Más alimento, menos desperdicio, creada en el 2013 y que se basa en la formación, colaboración entre agentes, inculcar buenas prácticas, en concienciación y, como punto de partida, elaborar estudios para saber cuánto se tira. Pero no hay una norma concreta. Habrá que esperar. En Galicia, la nueva Lei de Residuos e Solos Contaminantes, ahora en tramitación, obligará a los restaurantes a entregar las sobras a los clientes. 

Estas son las normas que ha aprobado el país galo desde el 2013 contra el desperdicio alimentario

Desde el 2013 son muchas las normas que se han ido desarrollando en Francia contra el desperdicio alimentario. Este es un resumen de las más destacadas, según su Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

17 de agosto de 2015.- La ley del 17 de agosto de 2015 relativa a la transición energética para el crecimiento verde introduce la obligación, para la restauración, de introducir un enfoque para luchar contra el desperdicio de alimentos.

11 de febrero de 2016. La llamada ley Garot apunta cómo luchar contra el problema. Primero debe de promover la prevención del desperdicio, luego donar o procesar lo que no se haya comercializado, después destinar lo que no vale para consumo humano a alimento de animales, no olvidando que las sobras de comida pueden usarse para hacer compost para agricultura o para generar energía (metanización). Además, están prohibidas las prácticas de destrucción de alimentos que aún pueden consumirse. Los distribuidores de más de 400 m² deben ofrecer ahora acuerdos de donación a las asociaciones de ayuda alimentaria.

30 de octubre de 2018. La ley EGalim introduce la obligación, a partir del 1 de julio del 2021, para los operadores de catering comercial de ofrecer la bolsa gourmet (bolsa para perros à la francesa), y prevé disposiciones adicionales por decreto y orden.

11 de abril de 2019. En aplicación de la ley EGAlim, es obligatorio establecer un plan de gestión de la calidad de las donaciones para los distribuidores, desde el 1 de enero del 2020, para garantizar la calidad, involucrando capacitación y concienciación del personal.

21 de octubre de 2019. En aplicación de la ley EGAlim, se publica en el diario oficial una ordenanza relacionada con la lucha contra el desperdicio de alimentos. La obligación de ofrecer convenio de donación a una asociación de ayuda alimentaria autorizada se extiende a los operadores de restauración colectiva (aquellos que hagan más de 3.000 comidas preparadas por cada día), y a los operadores de la industria agroalimentaria (los que tengan más de 50 millones de euros de facturación). La prohibición de convertir los productos alimenticios que aún son consumibles no aptos para el consumo se extiende también a estos actores. 

10 de febrero de 2020. La ley de lucha contra el desperdicio y la economía circular (ley AGEC) especifica la definición de desperdicio de alimentos y establece objetivos de reducción. Extiende la obligación del diagnóstico anti-residuos a las industrias alimentarias. Introduce una etiqueta nacional de «anti-desperdicio de alimentos», desarrollada en la norma aprobada el día de Nochebuena pasado, que se puede otorgar a cualquier persona que contribuya a los objetivos nacionales de reducir el desperdicio de alimentos. Fortalece el plan de gestión de la calidad de la donación mediante la introducción de procedimientos de seguimiento y control de la calidad de la donación. Finalmente, extiende las obligaciones de la ley Garot a los operadores de comercio mayorista de alimentos (aquellos que tengan más de 50 millones de euros de facturación por el acuerdo de donación), y aumenta las sanciones vinculadas al incumplimiento de estas disposiciones.

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