Cada 16 de octubre desde 1981 desde la FAO se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, curiosamente el mismo día que el Día Mundial del Pan, uno de los alimentos que se consideran esenciales en muchas culturas, cuya carestía ha sido motivo de multitud de revueltas y protestas, puesto que es un bien fundamental, especialmente en las dietas más básicas.
Este año el lema elegido por las Naciones Unidas ha sido: «Innovar hoy para nutrir mañana». Realmente, el mundo produce alimentos más que suficientes para alimentar a toda la población; de hecho se producen alimentos para un 150% de la población mundial. Sin embargo, según datos oficiales, 645 millones de personas siguen padeciendo hambre y 2 690 millones no pueden permitirse una dieta saludable. Las cuentas parecen claras: tiramos a la basura más de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo, alimentos que no llegan a la boca del hambriento pero sí a los vertederos.
Aunque el derecho a la alimentación ha sido consagrado en el derecho internacional, muchos estados siguen reticentes a reconocerlo e incorporarlo en sus ordenamientos internos como un derecho fundamental que permita la protección jurídica directa y explícita, invocable ante los tribunales. Sólo una treintena de países lo han reconocido en sus constituciones (entre los que no encontramos ni a España ni a ningún otro miembro de la Unión Europea).
En este sentido se enmarca la iniciativa ciudadana Good Food 4All: «¡La alimentación es un derecho humano para todas y todos! Garantizar sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles» que sigue recogiendo firmas para que la Unión Europea haga realidad el derecho a la alimentación y lo integre en su marco jurídico.
Convertir los alimentos, un bien y un derecho, en mercancías
desencadena gravísimos efectos sobre el sistema alimentario.
Organizaciones como Vía Campesina enmarcan este derecho a la alimentación en la imprescindible soberanía alimentaria y este año ponen el foco en el papel que las instituciones financieras mundiales (en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) han desempeñado en el debilitamiento de la democracia y soberanía alimentaria en los territorios, con programas de ajuste estructural y políticas neoliberales que han allanado el camino para la financiarización del sistema alimentario, el acaparamiento de las tierras y de los territorios además de la concentración empresarial. Uno de los reclamos fundamentales es el de poner a las personas y al planeta en el centro de la política económica, evaluando la economía no sólo en función del equilibrio presupuestario y los indicadores de mercado, sino también según su impacto en el hambre, los medios de subsistencia en las zonas rurales, la resiliencia ecológica, las desigualdades y el control de las poblaciones sobre los sistemas alimentarios.
